Ensayo sobre Inversión armamentista en Colombia.

POLÍTICA DE INSEGURIDAD:

Las aristas ocultas de la inversión armamentista en Colombia.

“En el derecho público el acto de justicia más severo es la guerra, porque puede tener por efecto la destrucción de la sociedad.” Montesquieu.

A puertas de una renovación de la política de seguridad democrática en Colombia, el entusiasmo y la euforia obnubilan una vez más algunos de los principios fundamentales implementados por esta estrategia en Colombia durante los últimos ocho años: la inversión desmedida en armamento y defensa a pesar de la escasez de recursos para los demás factores que garantizan el funcionamiento adecuado del Estado.

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Es pertinente recalcar, como se ha afirmado por muchos historiadores, que el siglo XX ha sido, sin duda alguna, uno de los períodos más violentos en la historia de la humanidad. Esto, diría yo, como consecuencia de la desigualdad y las necesidades creadas en un mundo destruido y ambicioso de bienes y capital que se debate entre numerosas corrientes de pensamiento y religión, modas efímeras, conflictos internos en diferentes naciones y mercados cada vez más dinámicos y agresivos que ponen a prueba la capacidad de razonar y enfrentar el problema de la escasez de recursos. A lo largo del siglo XX se ha visto cómo una bola de nieve refleja el panorama de los sistemas económicos, políticos y sociales del mundo. Acerca de esto, Hobsbawm, historiador contemporáneo dice: “Las tensiones generadas por los problemas económicos socavaron los sistemas políticos de la democracia liberal, parlamentarios o presidencialistas que tan bien habían funcionado en los países capitalistas desarrollados desde la segunda guerra mundial. Pero socavaron también los sistemas políticos existentes en el tercer mundo”.

Para nadie es secreto que en el siglo XXI la situación no ha cambiado significativamente. En Colombia, el conflicto interno ha sido el pan de cada día durante las últimas cinco décadas aproximadamente y el impacto social que ha tenido este fenómeno se refleja también en la economía de nuestro país. Aunque los grupos armados que ocasionan los conflictos colombianos en la actualidad, fueron formados en la década de los años sesenta, los intereses de estas organizaciones y las estrategias del gobierno para lidiar con ellas, han cambiado de curso en cada período presidencial.

La política armamentista implementada actualmente tiene su origen en el llamado Plan Colombia, pactado durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango en el año 1.999 con los Estados Unidos, con el fin de obtener ayuda en la lucha contra el narcotráfico que, para esa época y aún hoy por hoy, se ha convertido en el sustento económico de los grupos al margen de la ley que desangran a la sociedad civil colombiana.  Mucho se ha dicho acerca de las consecuencias de esta iniciativa; sin embargo, a partir de allí se comienza con lo que hoy se conoce como Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, la cual ha servido para alimentar el rencor entre los habitantes de nuestro país y para aumentar con cifras insostenibles la deuda externa.

Para el año 2001, el presupuesto general de la Nación era de 62,7 billones de pesos que incluían los gastos de funcionamiento del Estado avaluados en 29,88 billones, el servicio de la deuda externa e interna avaluado en 21,403 billones, y los montos de inversión  avaluados en 11,466 billones de pesos. De acuerdo a estas cifras el gasto generado en Colombia para el funcionamiento del Estado equivale casi al 40% del presupuesto nacional anual de ese año. Eso sumado a que cada vez son más los billones destinados a la Defensa del País, lo cual implica, además de dinero para Fuerzas militares, dinero para sostener las Instituciones que garantizan la regulación de dicho sistema de  defensa nacional.

De esta manera, aparte de las cifras escandalosas que crecen con el paso del tiempo, se debe tener en cuenta que ese presupuesto nacional anual no tenía un superávit para el año 2001 y por supuesto tampoco para los años posteriores; por el contrario se habla de un déficit del 50% respecto a los ingresos que obtuvo nuestro país cada año, que en la cuenta corriente del balance de pagos de la nación se traduce en US$1.693 millones, lo que equivale al 2% del PIB nacional sólo en el año 2001 cuando aún no entraba al poder Álvaro Uribe Vélez y cuando aún no se implementaba con plenitud la política de seguridad democrática basada en armas y guerras internas aún más intensas.

Al finalizar el doble mandato de Uribe en 2010, el panorama económico que recibe el nuevo gobierno no es nada alentador, y sin embargo se sigue apostando por la inversión en defensa y una “seguridad” que no es más que una falacia para mantener al país en un estado de coma inducido en el cual se pueda mantener el mercado de las armas en constante crecimiento. La oferta de armas a nivel mundial es bastante elástica debido a que, por ejemplo, países como Estados Unidos basan muchos de sus ingresos en la producción y comercialización de armas en el exterior y para ellos las utilidades aumentan proporcionalmente con la generación de guerras y conflictos. Desafortunada o afortunadamente, depende de quién y cómo se mire, Colombia no tiene dinero suficiente para adquirir toda la maquinaria de defensa que quisieran los gobernantes. Es allí en donde incurren en el error de hacer créditos con bancos internacionales, que aunque pueden ser pagados a largo plazo, comprometen casi eternamente al país con dineros que sólo traen desgracia y miseria.

Aún cuando cada colombiano parece satisfecho con lo que se ha venido implementando durante la última década en nuestra nación, muchos olvidan lo que cuesta mantener una estrategia que al fin y al cabo no da resultados contundentes pues se ignora que aunque se puede, en un principio, atacar a los grupos ilegales, en los modelos económicos esto será solamente mientras se alcanza un nuevo equilibrio, es decir, mientras esos grupos armados que tanto se combaten, adquieren la misma cantidad de armas que el gobierno se empeña en introducir al país.   Es un círculo vicioso que para el año 2010 nos cuesta a todos más de 54 mil millones de pesos en deuda externa, lo cual equivale al 24% del PIB del año pasado.  No podría dejar de mencionar la inversión de organismos como la FAC, que es constante debido a la idea fiel de los mandatarios de comprar helicópteros y renovar la flota de aviones cada vez que salen a la venta aviones con tecnología más avanzada. Eso sin contar que dicha organización es capaz de invertir en misiles que, por ejemplo, no están al alcance visual y que llegan a costar más de 38 millones de dólares, dinero que bien podría invertirse en aspectos enriquecedores como la cultura o el deporte, olvidados por el aparato de Gobierno.

Pasados nueve años desde el comienzo del auge de la Seguridad democrática, el presupuesto nacional para este año suma más de 148 billones de pesos, de los cuales más de 82 billones serán destinados al funcionamiento del Estado; y aunque la Dirección General de Presupuesto asegura que el monto en defensa y seguridad ha disminuido, por primera vez éste, avaluado en 21,2 billones de pesos será mayor que el presupuesto destinado a la educación, que este año será de 20,58 billones de pesos. Con esto sólo se confirma el interés descabellado que tiene el Gobierno en acabar con lo poco que queda como herramienta para sacar al país de la hecatombe en que se encuentra en materia de derechos humanos y calidad de vida.  Mientras que el promedio de inversión sólo en Latinoamérica de inversión en educación superior es del 1.2% del PIB, en Colombia se invierte sólo el 0.4% del PIB, como si fuera esto una invitación a renunciar a la educación para pasar a engrosar las filas de soldados y policías que a diario acaban sumidos en la ignorancia y consumidos por el único deseo de satisfacer un odio ajeno, un odio creado por la ambición de agentes externos que necesitan de nosotros, los tercermundistas, para hacer que sus bolsillos estén a reventar.

El impacto macroeconómico de la inversión en armas, fuerzas militares y demás entes se ve reflejado claramente en la situación actual que vive Colombia. Es cierto que para el año 2008 la seguridad en las carreteras colombianas había mejorado en un 80% con respecto a los períodos antecedentes a Álvaro Uribe Vélez, ya que con la presencia de las fuerzas militares se logró contrarrestar la oleada de secuestros y estafas hechas por parte de grupos guerrilleros colombianos. Sin embargo, la degradación social no se ataca únicamente con la represión y la violencia. Muestra de ello es la descomposición de la social desde el núcleo familiar hasta los sistemas educativos, sobre todo en la zona urbana del país. Y es que no solamente se trata de viajar y estar tranquilo en las carreteras; para el gobierno de Uribe Vélez se reportan cifras de desplazamiento forzado de casi cuatro millones de habitantes de diferentes zonas del país sólo hasta el año 2006, sin contar con escándalos como los llamados falsos positivos que nada tienen que ver con integrantes reales de los frentes de las FARC y demás guerrillas que operan en el territorio nacional.

Son muchos los aspectos que giran en torno a la inversión en armas y defensa que se ha logrado implementar en Colombia por encima de otras alternativas. Entre ellas la más importante es la ignorancia absoluta en la que se encuentra el pueblo colombiano, y no hablo con ello solamente de ignorancia acerca del tema, sino ignorancia en general, ignorancia de la que regalan en las instituciones de educación, ignorancia de la que se preocupan por incentivar al negarle recursos económicos a eslabones tan importantes en el desarrollo de una nación como la educación, el bienestar de la población y más abiertamente a los derechos humanos.

“En Egipto se llamaban las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábase en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás.” Jacques Bossuet.